La ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, destacó ayer, miércoles 19 de junio, durante la inauguración Biscay ESG Global Summit sobre inversión responsable celebrado en Bilbao, que la transición hacia un futuro sostenible, consistente con cero emisiones netas, ofrece una oportunidad al sector financiero para reconectar su actividad con las necesidades de la economía real, a la vez que se asegura su viabilidad en el medio y el largo plazo. En su discurso, Ribera también ha señalado que este proceso requiere de impulso político y que este que debe venir de la mano de un aumento de escala en la financiación sostenible.
La titular de Transición Ecológica ha defendido el trabajo del Gobierno de España por alinear la normativa española para la promoción de finanzas sostenibles con la de otros países pioneros en este proceso y ha apostado por la elaboración de una Agenda Estratégica de Finanzas Sostenibles. De igual modo, considera necesario avanzar en el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea (UE).
La ministra en funciones para la Transición Ecológica, durante la inauguración del Biscay ESG Global Summit sobre inversión responsable.
En su opinión, en un contexto en el que todavía se está lejos de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, la Unión Europea puede jugar un papel clave: “Este 2019 es el año de elevar la ambición climática. En los próximos días se debatirá por qué Europa debe aspirar a la neutralidad climática en 2050 y cómo ser en definitiva más ambiciosos a medio y largo plazo. Los objetivos a 2030 se han quedado desfasados”, ha afirmado.
La ministra en funciones ha destacado que los próximos quince años van a suponer “un momento clave” en la historia económica. Se esperan inversiones de unos 90 trillones de dólares americanos de aquí a 2030 en infraestructuras a nivel global. En España, según ha explicado, el Marco Estratégico de Energía y Clima –un conjunto de medidas que ha convertido a la transición ecológica en “política de Estado”–, movilizará 236.000 millones de inversión pública y bajo modelos de colaboración público-privada. Este impulso a la descarbonización de la economía aumentará entre 19.300 y 25.100 millones entre 2021 y 2030 el Producto Interior Bruto, un 1,8% en 2030 respecto a un escenario sin las medidas del Marco; y generará entre 250.00 y 364.000 nuevos empleos de calidad entre 2021 y 2030.
“Una de las medidas que el Gobierno contempla para financiar parte de la inversión pública es la emisión por parte del Tesoro de bonos verdes. Supondrá un impulso para que el sector privado apueste por este instrumento, fundamental para financiar la transición ecológica”, ha indicado.
Integrar criterios ambientales, sociales y de buen gobierno
Ribera ha apuntado que los estudios muestran cómo las empresas que incorporan en su organización criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG, en su acrónimo inglés) suelen realizar una mejor gestión de sus riesgos y registran beneficios mayores que sus competidoras, con efectos favorables sobre el precio de la acción. Por ello, considera necesario establecer unos “criterios mínimos sobre la integración de los factores ASG”. “Los pasos que demos ahora serán determinantes para anclar este proceso de cambio de manera ordenada y asegurar que en un futuro no se den pasos atrás”, ha añadido.
Para la ministra en funciones para la Transición Ecológica, “el sector financiero ha entendido el reto que supone el cambio climático”, que pone en riesgo “la estabilidad de la economía global”. Por ello, “hay que activar el mercado y desincentivar los activos intensivos en carbono”. “Es preciso avanzar hacia un modelo de desarrollo neutro climáticamente pero también socialmente beneficioso e inclusivo si queremos que este proceso de cambio prospere. Por ello, debe diseñarse de manera que se maximicen las oportunidades para todos, sin dejar a nadie atrás”, ha puntualizado.
Situación en España
La ministra en funciones ha constatado el “creciente interés en las finanzas sostenibles” en nuestro país. Solo un 17% de las entidades no tienen ninguna inversión sostenible en sus carteras, y un 54% dedica entre un 1% y un 20% a este tipo de operaciones. En un 25% los inversores institucionales, la presencia de inversiones sostenibles es mayoritaria.
“Se está aceptando cada vez más que la rentabilidad de los productos sostenibles es similar a la del resto de inversiones, o incluso mayor”, ha afirmado Ribera, quien espera que el sector financiero español integre la gestión de los riesgos climáticos como un riesgo financiero más en sus estrategias de negocio. De hecho, ha recordado, ya se están activando algunas palancas como la primera emisión de bonos verdes por parte del Instituto de Crédito Oficial por importe de 500 millones de euros, que se produjo el pasado mes de abril. La demanda superó los 3.400 millones de euros, seis veces el importe de la emisión, lo que pone de manifiesto el interés de los inversores.
“La agenda de la sostenibilidad no es una cuestión estética sino que debe ser integrada de manera estructural en las políticas, si se quiere maximizar sus beneficios en el medio y largo plazo. Políticas estables y ambiciosas deben acompañar y guiar las inversiones para ordenar la transición ecológica y dar confianza para, así, aportar solvencia al cumplimiento del objetivo de mantener el calentamiento global en el límite de seguridad del 1,5ºC. España, como ya está demostrando, está dispuesta a dar la batalla de la mano del sector financiero”, ha concluido.
Fuente: MITECO
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