La pobreza energética está vinculada a la renta de las familias. Así, el 22,1% de las personas no ocupadas sufre pobreza energética. UGT considera que es urgente paliar lo que supone la factura energética para los grupos sociales más vulnerables.
En épocas climáticamente extremas (frio o calor) la pobreza energética tiene consecuencias graves para la salud de las personas, especialmente cuando se trata de niños, personas mayores, o enfermos crónicos, pudiendo incluso llegar a producir la muerte.
Ya han pasado más de 10 meses desde que en abril de 2019 se aprobó la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética 2019-2024, que fijaba como objetivo, reducir al menos un 25% la pobreza energética en 2025. UGT considera que ha llegado el momento de avanzar en el desarrollo de esta Estrategia para reducir y erradicar la pobreza energética.
Actuar sobre tres factores para combatir la pobreza energética
Hay que actuar sobre los elementos que afectan a la pobreza energética: ingresos insuficientes, coste de la energía, e ineficiencia energética de los hogares.
Para vencer el primer factor, UGT considera que hay que fomentar una política de rentas más redistributiva que permita a las familias con bajos ingresos hacer frente a los gastos para mantener una temperatura adecuada en el hogar y tener unas condiciones de vida digna.
Además, hay que modificar el bono social energético (eléctrico y térmico), en aspectos como el umbral de renta, o el sistema de financiación, para que se beneficien todos los que lo necesitan.
Para el acceso al bono social, se ha de tener en cuenta los hogares con personas desempleadas, ya que un estudio de la cátedra de Sostenibilidad Energética del Instituto de Economía de la Universidad de Barcelona, de María Teresa Costa-Campi, sitúa, la media de 2011-2017, en un 21% los hogares españoles en situación de pobreza energética que cuentan con personas desempleadas.
La utilización del IPREM, como referencia para marcar el umbral de rentas para ser beneficiario del bono social energético, no se acerca a la realidad, ya que este indicador lleva congelado desde 2017, con una ridícula cantidad de 537,84 Euros, y como resultado concede el bono social a personas con rentas muy bajas, pero deja fuera a otras muchas que también lo necesitan.
Además, se debería modificar el sistema de financiación del bono social térmico, ya que actualmente se deja al arbitrio de los Presupuestos Generales del Estado, y establecer que sean las empresas energéticas las que asuman su coste, como ocurre actualmente con el bono social eléctrico.
Mayor transparencia en la fijación de los precios de la energía
Para hacer frente al segundo factor, UGT considera prioritario el desarrollo de políticas energéticas que modifiquen la metodología de fijación del precio de la energía, haciéndola más transparente, que establezca precios asequibles, que esté dirigida a paliar la carga que supone la factura del hogar, y que tenga en cuenta a los grupos sociales vulnerables (consumidores con rentas bajas proclives a la pobreza energética)
Todo ello acompañado de una reforma fiscal que rebaje el IVA de la energía del 21% actual al 10%, por ser un bien esencial.
Finalmente, y para paliar el tercer factor, UGT considera necesario fomentar la eficiencia energética y el ahorro de energía en edificios, viviendas, y electrodomésticos. Para ello, hace falta información, formación y asesoramiento, con una mayor implicación de la responsabilidad social corporativa de las empresas energéticas, dirigidas a los consumidores en general, pero con una mayor orientación hacia las personas que sufren la pobreza energética y que tienen hogares más ineficientes y que, en la mayoría de los casos, tienen que elegir tristemente entre pagar la factura energética o alimentarse.
Fuente: UGT
FotoUJI
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