El pasado jueves tuvo lugar en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados la aprobación del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y su remisión al Senado, un texto que establece los objetivos para alcanzar la plena descarbonización de la economía en antes del año 2050 con un sistema eléctrico 100% renovable.
“Es un día importante, en el que se aprueba una ley de clima enormemente ambiciosa como resultado de un trabajo conjunto sobre el que todavía, seguro, queda margen para seguir mejorando en una trayectoria que no es lineal, sino que debe incrementarse progresivamente conforme vayamos alcanzando velocidad de crucero en el tiempo por venir, porque en el cambio climático llegamos tarde”, ha señalado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Un texto reforzado y participado
La vicepresidenta ha querido subrayar que todos los grupos parlamentarios han venido trabajando en la definición de esta ley desde que el pasado 19 de mayo el Consejo de Ministros la remitiera a la Cámara Baja. “Es un texto reforzado en materia de ambición, gobernanza, participación y transparencia, que se ha visto enriquecido gracias a las contribuciones de las distintas formaciones políticas, gracias a las aportaciones de sectores sociales y económicos muy diferentes, gracias a la ciencia”, ha manifestado.
Este proyecto de ley plantea cómo prepararnos para los impactos del cambio climático y cómo prevenir sus causas con herramientas de adaptación, anticipación y resiliencia. “Es prioritario asegurarnos de que todos los recursos públicos y privados son destinados al aprovechamiento de las oportunidades y a la disminución de los costes asociados a los efectos climáticos con los que ya, desgraciadamente, convivimos”, ha insistido Ribera.
Asimismo, ha señalado que la nueva ley permitirá modernizar nuestra industria y hacerla competitiva en los nuevos mercados, fortalecer nuestro tejido social, atraer inversiones en las tecnologías del futuro, evitar riesgos financieros, generar empleo estable y facilitar una distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización, guiado por criterios de justicia social y estrategias de transición justa.
La vicepresidenta ha destacado que este proyecto constituye un primer paso para articular el resto de políticas y medidas, y orientar así el proceso de recuperación hacia un modelo de prosperidad duradero y respetuoso con los límites del planeta. “Debe servir de marco institucional y de referente para dar certidumbre y estabilidad, y movilizar la acción climática”, ha remarcado.
Teresa Ribera ha recordado que el proyecto de ley marca objetivos cuantificados de gases de efecto invernadero, de renovables y de eficiencia energética, que constituyen un mínimo inquebrantable porque se revisarán siempre al alza. Estos objetivos se sitúan por encima de aquellos objetivos asignados por la Unión Europea (UE) a España. El proyecto está alineado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que recoge las medias y herramientas necesarias para poner en marcha la transición ecológica recogida en el proyecto de ley y que ha sido valorado de manera muy positiva por las instituciones comunitarias.
Unas metas más ambiciosas que las exigidas por la UE
Esta “ambición inquebrantable”, en palabras de Teresa Ribera, se ve reflejada, por un lado, en los objetivos de reducción de emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura): España se compromete a una reducción del 39%, 13 puntos por encima de la meta del 26% fijada por la Unión Europea.
Asimismo, mientras la UE establece una penetración de renovables entre un 38% y un 40% en el consumo final de energía para 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece para España un 42%. En lo que respecta a eficiencia energética, Europa considera necesario un aumento de entre el 36 y el 37% para 2030, mientras que el objetivo español se sitúa en el 39,5%.
“Sin duda, es un esfuerzo grande que merece la pena acometer y que siembra grandes oportunidades de innovación y de conocimiento”, ha afirmado Ribera, en referencia a “una ley que garantiza cauces de participación, de actualización y de mejora constante”. Una ley que es buena para todos, para las generaciones actuales y las futuras, para no dejar a nadie atrás, a ningún colectivo y a ningún territorio, para proteger la competitividad de nuestro tejido industrial y para proteger la biodiversidad. En definitiva, es un proyecto de país creíble en línea con la transformación y recuperación de la crisis del COVID en clave verde por la que apuesta la UE para todos los sectores de la sociedad.
CSIC