- La UE busca reducir la brecha entre las decisiones adoptadas a escala comunitaria en materia de medioambiente y el cumplimiento práctico.
La Comisión ha publicado la tercera revisión de la aplicación de la política medioambiental (EIR por sus siglas en inglés), una herramienta fundamental de notificación que apoya el cumplimiento de esa normativa y conciencia sobre la importancia de dicho cumplimiento. Colmar la brecha entre lo que se decide a escala de la Unión y lo que se cumple en la práctica es esencial para garantizar unos buenos resultados medioambientales para los ciudadanos y mantener unas condiciones de competencia equitativas para las empresas, al tiempo que se crean oportunidades de desarrollo económico.
«La revisión del cumplimiento de la aplicación normativa medioambiental de este año es un llamamiento a la acción. Aunque indica avances desde la revisión anterior, me preocupa que las deficiencias en materia de cumplimiento sigan agravándose, lo que nos hace más vulnerables a la contaminación medioambiental y a los riesgos conexos. Este análisis proporciona a los Estados miembros las herramientas y la información que necesitan para mejorar el cumplimiento y proteger mejor nuestra salud y el medio ambiente. ¡Aprovechémoslo!», ha señalado Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca.
Esta revisión de la aplicación de la política medioambiental (EIR) extrae conclusiones y define tendencias comunes a escala de la UE, sobre la base de veintisiete informes por países que muestran la situación en la UE al respecto. Incluye abundante información sobre el grado en que los gobiernos de la UE protegen la calidad del aire que los ciudadanos respiran, el agua que beben y la naturaleza de la que disfrutan. Además, la revisión establece acciones prioritarias de mejora en cada Estado miembro.
Situación actual en los principales ámbitos de la política medioambiental
- La biodiversidad en la UE sigue disminuyendo. Algunos de los hábitats que se consideran más deteriorados de la UE son los prados seminaturales, los pantanos y las turberas bajas. Los bosques están sometidos a una enorme presión y la mayoría de los Estados miembros aún tiene que intensificar sus esfuerzos por completar sus redes Natura 2000.
- Agua: los avances hacia la consecución de un buen estado de las masas de agua son lentos y algunos Estados miembros se han retrasado en la adopción de instrumentos fundamentales para abordar este problema, especialmente los planes hidrológicos de cuenca. Asimismo, los Estados miembros están obligados a adoptar oportunamente su plan de gestión del riesgo de inundaciones con el fin de gestionar mejor ese riesgo en su país. Además, las normas de desarrollo sobre el agua potable siguen siendo motivo de preocupación en algunos países. A esto se añade que el cumplimiento de las normas de la UE sobre el tratamiento de nitratos y aguas residuales urbanas ha sido lento debido a una planificación e infraestructuras inadecuadas, a pesar de la existencia de fondos de la UE.
- Economía circular: aunque la mayoría de los Estados miembros cuenta con estrategias y planes de acción nacionales en materia de economía circular, existen diferencias considerables entre las tasas de productividad de los recursos y las tasas de uso circular de materiales de los Estados miembros. Las tasas de productividad miden con qué eficiencia una economía utiliza los recursos en la producción, mientras que las tasas de uso circular de materiales miden la proporción de materiales recuperados y devueltos a la economía. Es necesario adoptar más medidas para mejorar el potencial de reciclabilidad de los plásticos, los materiales de construcción y los textiles. La prevención de residuos sigue siendo un reto importante en todos los Estados miembros, y en algunos países aún debe resolverse el problema de los vertederos deficientes.
- La contaminación atmosférica sigue siendo un grave problema de salud para los europeos. Los Estados miembros deben cumplir los requisitos de control de la calidad del aire de manera sistemática y coherente con el fin de cumplir mejor las normas sobre aire limpio a escala nacional y de la UE. Para lograr el cumplimiento se requieren medidas estrictas, sobre todo el paso a una movilidad sostenible impulsada por energías renovables, la introducción de técnicas agrícolas de bajas emisiones, también para la gestión del ganado, el estiércol y los fertilizantes.
- Clima: en general, existe un buen nivel de aplicación de la legislación sobre el clima en toda la UE; ahora es importante aprobar y aplicar el paquete de medidas para cumplir el objetivo de -55 % establecido en la Ley del Clima para 2030. Sin embargo, deben intensificarse los esfuerzos de adaptación en cada Estado miembro y a escala de la UE para hacer frente a la dura realidad de los efectos del clima. La adopción de medidas adecuadas para prevenir o minimizar los daños provocados por el clima reporta importantes beneficios económicos, medioambientales y sociales.
Facilitación del cumplimiento
Muchos Estados miembros deben velar por que exista más financiación para cubrir las necesidades de inversión en relación con todos los objetivos y prioridades medioambientales. Por primera vez, esta revisión compara, para cada Estado miembro, la financiación disponible para el cumplimiento de la normativa sobre el medio ambiente con las necesidades de inversión. Las necesidades de inversión en la UE para cumplir los objetivos medioambientales ascienden a 110.000 millones de euros al año. Casi dos tercios del déficit de inversión medioambiental se refieren a la lucha contra la contaminación general y a la protección y gestión de las masas de agua.
Adaptar y reforzar la capacidad administrativa de los Estados miembros es fundamental para lograr el cumplimiento y la aplicación del Derecho de la UE en materia de medio ambiente, y facilitar un acceso real a la justicia a nivel nacional es esencial para el cumplimiento de la legislación sobre el medio ambiente. Se trata de pilares de la gobernanza medioambiental. La mayoría de los Estados miembros aún tiene margen para mejorar el acceso del público a los órganos jurisdiccionales con el fin de impugnar decisiones, acciones u omisiones, especialmente en los ámbitos de la planificación relacionados con el agua, la naturaleza o la calidad del aire. La mayor parte de los Estados miembros también debe mantener al público mejor informado sobre sus derechos de acceso a la justicia.
Fuente: Comisión Europea
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