UnsplashLa ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, presentó el pasado domingo los resultados de la iniciativa Acción Climática por el Trabajo, una coalición de 40 países y una decena de empresas multinacionales que se comprometen a garantizar que la transición hacia un modelo económico libre de emisiones sea justa, sin dejar nadie atrás; y a que los nuevos empleos que surjan de este proceso, los empleos verdes, respeten los derechos fundamentales en el trabajo, garantizando derecho a pensiones y protección a la salud, entre otras cuestiones. Este compromiso se extiende no solo a los trabajadores en plantilla de las compañías que se han unido a la iniciativa, sino también a las empresas con las que contraten.
Ribera ha detallado los avances de la iniciativa en el Evento de Alto Nivel sobre Transición Justa organizado en el marco de la Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas, celebrado esta semana en Nueva York (EEUU) con el objetivo de incrementar la ambición global en la lucha contra el cambio climático. En concreto, la Acción Climática para el Trabajo forma parte de la Coalición de Impulsores Sociales y Políticos, que ha liderado España junto a Perú y entidades como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), por encargo del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
“La transición hacia un modelo libre de emisiones es una oportunidad clara para hacer las cosas bien, con responsabilidad y compromiso con las generaciones presentes y futuras. Sin dejar a nadie atrás, y pensado en los trabajadores del futuro, los jóvenes, nuestros hijos y nietos. No habrá justicia social sin acción climática, y no podremos completar la acción climática sin justicia social”, ha señalado la ministra para la Transición Ecológica en funciones.
Compromisos nacionales
Los Estados adheridos a la iniciativa se comprometen a elaborar Planes Nacionales para una Transición Justa, Trabajo Decente y Empleos Verdes. Estos planes permitirán identificar las oportunidades de empleo en los procesos de descarbonización, así como las habilidades y competencias que necesitan los trabajadores y trabajadoras para ser parte activa de la transición ecológica.
Los planes, que deberán construirse mediante el diálogo social, también han de recoger una evaluación del impacto y el potencial de la transición ecológica y el incremento de las transferencias de tecnología a los países en desarrollo y el impulso a las inversiones en sectores verdes.
Además, uno de los pilares centrales de estas estrategias serán las políticas de protección de los trabajadores y grupos vulnerables afectados por la transición, de tal manera que se asegure la supervivencia económica y la recuperación frente a desastres climáticos recientes.
“Es imprescindible asegurar que el cambio es inclusivo y justo, garantizando medidas de acompañamiento para los colectivos más vulnerables y los trabajadores que ahora están vinculados a los sectores más contaminantes”, ha señalado Ribera, quien ha añadido que los planes también deben acoplar los sistemas de educación y de formación al proceso de descarbonización, lo cual garantizará la innovación necesaria para cumplir con el Acuerdo de París.
“Los jóvenes, los que nos demandan hoy acción, quieren trabajar y ganarse la vida sin destruir el planeta. Apoyar la formación y dotarles de capacidades profesionales tiene que ser una prioridad de los planes nacionales”, ha apuntado.
El Gobierno de España aprobó, el pasado mes de febrero, la Estrategia Nacional de Transición Justa, que sigue las directrices acordadas en la Organización Internacional del Trabajo en este campo, combinando políticas industriales y sectoriales con medidas de protección social y políticas activas de empleo.
El papel de las empresas
La iniciativa parte de la base de que la acción climática requiere del compromiso del resto de actores y, en el ámbito del trabajo, el mundo empresarial tendrá un papel clave que implica una reflexión sobre sus procesos de producción a lo largo de toda la cadena de valor, sus líneas de negocio del futuro, sus sistemas de formación y capacitación de trabajadores, y el cumplimiento de los estándares de la OIT. En este sentido, la iniciativa ha logrado el compromiso de, por el momento, nueve grupos empresariales que aplicarán los estándares de la OIT en materia de derechos de los trabajadores, pensiones o protección a la salud en los puestos de trabajo que genere el proceso de descarbonización, tanto en el caso de sus empleados como en las contratas con las que trabajen.
Entre las empresas firmantes destacan multinacionales españolas como Iberdrola, Acciona, Endesa y Ferrovial, junto a referentes internacionales como Engie, Orsted y Sodexo Iberia.
Por otro lado, y con el objetivo de extender este compromiso al conjunto del tejido empresarial, la iniciativa ha constituido un partenariado con la organización de empleadores de España de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), al que ya se han sumado 80 empresas y organizaciones empresariales.
El Ministerio para la Transición Ecológica y la CEOE se han comprometido a trabajar conjuntamente en la iniciativa «Avanzando en una transición justa y en la creación de empleos verdes para todos”. Las empresas firmantes se comprometen a respetar estos derechos para sus trabajadores y a iniciar un proceso para extender estas garantías a los contratistas. Los resultados de este trabajo serán reportados anualmente de cara a la preparación de las cumbres de cambio climático.
En su intervención, Ribera ha destacado el liderazgo de las organizaciones sindicales en la construcción de una transición ecológica justa y les ha solicitado que combinen la negociación de las condiciones de los trabajos de hoy con la defensa de los intereses de los trabajadores del mañana, los jóvenes. Además, la ministra en funciones ha apuntado la necesidad de que se haga un seguimiento del trabajo realizado por la iniciativa, cuestión para la que ha mostrado la disposición de España.
Coalición de impulsores sociales y políticos
Para preparar la Cumbre de Acción Climática, Naciones Unidas identificó nueve áreas de acción, relativas a sectores especialmente importantes en la lucha contra el cambio climático y encargó a determinados países, organizaciones internacionales y otros actores que coordinaran cada una de ellas. España, junto a Perú, recibió el encargo de facilitar el compromiso y la acción en torno a tres de esos ejes: transición justa y empleo verde, salud y calidad del aire, y género, tres cuestiones clave para lograr la Justicia Climática.
En estos meses de trabajo, Perú y España, con la colaboración de entidades como la OMS y la OIT, ha recabado el compromiso de países, ciudades, organizaciones, empresas y demás agentes para activar políticas en los tres ámbitos mencionados.
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