La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha defendido el impulso del Consell a los proyectos de energía renovable, un sector que «permitirá crear 3.000 puestos de trabajo y atraer proyectos centrados en la inversión sostenible y la democratización económica».
Mollà ha participado por videoconferencia en la séptima edición del foro solar, dentro de una mesa redonda sobre las leyes de cambio climático de las comunidades autónomas, donde ha expuesto el borrador de la nueva Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición Ecológica y los detalles del decreto ley aprobado en agosto para acelerar la implantación de proyectos de energía eólica y fotovoltaica en la Comunitat Valenciana.
En su intervención, ha defendido la eficacia de las administraciones autonómicas para «planificar y diseñar políticas públicas adaptadas a las especificidades del territorio». En esta línea, se ha referido a la hoja de ruta desarrollada junto a las conselleries de Economía Sostenible y Obras Públicas para multiplicar por 16 la actual producción de energía fotovoltaica y por 4 la eólica, con el fin de cumplir con los objetivos de reducción de emisiones y neutralidad climática.
Dos metas, la de recortar los gases de efecto invernadero un 40% en 2030 y la de descarbonizar la economía en 2050, que se encuentran en el núcleo del anteproyecto de la Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición Ecológica que cerró hace menos de un mes el proceso de información y participación públicas.
«Las administraciones públicas debemos tomar la responsabilidad de diseñar e implementar una estrategia de transición que dé como resultado la reducción sustancial de la dependencia energética», ha señalado Mollà, que se ha mostrado satisfecha con los objetivos de la Conselleria, «más ambiciosos que en el plan estatal».
A la tramitación de la ley ha añadido el futuro Plan Director de Energías Renovables, un instrumento para «aprovechar las energías renovables por la emergencia climática, pero también para favorecer la urgente reactivación económica».
Otra de estas herramientas es el Plan Valenciano Integral de Energía y Clima o la prevista Estrategia Valenciana de Transición Justa que persigue «una democratización de la economía que reduzca la vulnerabilidad de la sociedad y el medio ambiente ante las consecuencias del cambio climático». En materia energética la citada democratización pasa por «el derecho a la generación y el consumo».
Mollà ha incidido en la vertiente social de «acceso a la energía de todas las personas teniendo en cuenta criterios de justicia territorial e intergeneracional». Ha apelado, además, a «los programas de educación ambiental y participación activa para fomentar una sociedad formada e informada necesaria para llevar adelante este proceso transformador».
Fuente: GVA
