La Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, resultado del acuerdo entre la Universidad Pontificia Comillas y BP España, ha presentado este mes las conclusiones del Informe 2020 del Observatorio de Energía y Sostenibilidad.
El Informe señala que en 2019 el sector energético español consumió 6,11 exajulios (EJ) de energía primaria y emitió, una vez descontadas las exportaciones, 291 millones de toneladas (Mt) de CO2. Asimismo, su valor añadido creció más de un 4%. Sin embargo, aumentó la factura energética un 2,3% y los costes externos se situaron en un 1,5% del PIB.
La Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad concluye que el año 2019 el sistema energético español ha mejorado en prácticamente todos los indicadores de sostenibilidad asociados al consumo y las emisiones, gracias a un descenso muy significativo en el uso de carbón para la producción de electricidad.
A diferencia de lo que ocurría en años anteriores, las buenas noticias no se deben a factores ambientales no controlables, como el ciclo hidrológico, sino a cambios, en principio perdurables, en las fuentes de energía primaria empleadas. Esto se hace más evidente cuando comparamos las emisiones observadas en 2019 con las que se hubieran producido si el año hubiera sido climatológicamente medio. De haber sido así, el consumo de energía primaria y las emisiones de CO2 apenas habría cambiado, con variaciones estimadas de en torno a un 0,1%.
Asignaturas pendientes en materia de sostenibilidad
La dependencia energética del exterior fue superior al 90%. Adicionalmente, el sector del transporte, que sigue siendo el principal emisor y consumidor de energía de la economía española, incrementó su demanda, tanto para transporte de viajeros (1,2%) como de mercancías (3,2%). La mayor parte de este aumento lo absorbió el transporte por carretera, menos eficiente y difícil de descarbonizar que otros medios como el ferrocarril.
También es preocupante el aumento de la factura energética a pesar de la disminución del consumo de energía y los precios internacionales de los combustibles. La explicación radica en que durante 2019 crecieron los precios finales del gas natural y los derivados del petróleo, así como la demanda de aquellos sectores más demandantes de estos vectores energéticos, especialmente el transporte. La única solución a este respecto, más allá de mejoras en la fiscalidad que pueden ser únicamente transferencias, es la promoción del ahorro energético, y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, cuyos precios y volatilidad están fuera de nuestro control.
Dicho gasto energético no incluye los costes externos debidos a la contaminación o la congestión. Cuando se incorporan los costes externos de la contaminación, el valor añadido del sector energético español se reduce en gran medida, ya que éstos alcanzan una cuantía de un 1,5% del PIB.
Finalmente, el informe de este año incluye, por primera vez, un análisis de los indicadores de pobreza energética y su evolución. Atendiendo a los indicadores oficiales, en 2019 hubo una mejoría en todas las métricas respecto a 2018. No obstante, cuando analizamos el gasto en energía de los hogares respecto a un umbral absoluto de ingresos, y no respecto al gasto energético medio de todos los hogares, se observa un empeoramiento. El motivo es que 2018 fue un año especialmente frío y, como resultado, el gasto energético medio se incrementó, enmascarando así los hogares en riesgo de pobreza energética. Esto pone de manifiesto, una vez más, la importancia de contrastar diferentes métricas y metodologías en la medición la pobreza energética.
Retos del actual modelo energético español
Aunque el año 2019 supuso una mejora en muchos indicadores de sostenibilidad, el sector energético español continúa presentando importantes retos futuros. La integración de cuotas cada vez mayores de energías renovables y del almacenamiento asociado, la reducción de las emisiones en el transporte y en los edificios, o la descarbonización de la industria, requieren el despliegue de políticas ambiciosas que envíen las señales adecuadas a los inversores y consumidores. Por otra parte, será necesario contar con medidas que protejan a los perdedores de la transición, y que aseguren un impacto equitativo de las políticas de descarbonización.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y los numerosos documentos estratégicos elaborados en 2020, proporcionan un marco apropiado para avanzar en este despliegue. Pero es preciso combinar estos objetivos de largo plazo con instrumentos de más corto plazo. En particular, y como avanzábamos el año pasado, es fundamental contar con una señal de precio de CO2 estable y creciente en el marco de una reforma fiscal verde, amplia y coherente; un diseño apropiado de los mercados energéticos; y señales y medidas que promuevan la innovación energética y la competitividad industrial en un contexto global. Esta última línea de actuación, además, permitirá aliviar el impacto de la transición en los sectores más negativamente afectados. Por último, habrá que proteger a los consumidores vulnerables de los impactos negativos de las señales económicas mencionadas.
En este sentido, el proyecto de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, al igual que la metodología de peajes o cargos, o la normativa de acceso y de incorporación de agentes al sistema eléctrico, pueden contribuir a corregir algunos desequilibrios, pero es preciso terminar de diseñarlos con precaución para evitar que generen distorsiones o impactos no deseables.
Todos estos instrumentos deben combinarse dentro del Plan de Recuperación, si queremos que las inversiones que financiará el programa NextGenerationEU traigan consigo un modelo energético más sostenible, es decir, más asequible, más limpio, y más justo. Dichas inversiones deben seleccionarse cuidadosamente, y con la transparencia necesaria, de forma que no favorezcan intereses sesgados o cortoplacistas. En este sentido, consideramos que los criterios de decisión deben incluir no sólo la descarbonización, sino también la adaptación al cambio climático. Pero, sobre todo, deben enfocarse en la creación de valor sostenible y distribuido en la pequeña y mediana empresa, que es lo que impulsará la competitividad de nuestra economía y la generación de empleo. En el ámbito de la descarbonización, los fondos deberían destinarse a aquellos sectores más difíciles de transformar, de forma que supongan la mayor adicionalidad posible.
Fuente: BP – Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad
Grupo Gimeno